ONG CONFAPRECO

Una de las mayores interrogantes respecto al Sistema Penitenciario que actualmente se debaten y plantean en diversas esferas, es si este se encuentra en crisis o simplemente adolece de algunos problemas de diversa complejidad. Distintas voces, en esta materia, se elevan defendiendo estas dos posturas: "crisis o problemas". A raíz de estos debates nacen una serie de hipótesis las cuales no logran un concenso, contrariamente, suscitan un mayor desconcierto sin llegar a un punto de interés general que de señales de acuerdo y solución. Esto sin embargo, no es un tema nuevo, es una discusión de larga data y que paulatina y lamentablemente ha ido perjudicando la situación de los reclusos con calidad de condenados (mayoritarios dentro del total de población penal), quienes en definitiva han perdido la posibilidad de integrarse y participar de programas reales, concretos y efectivos de resocialización. Dado estos antecedentes y como resultado de esta gran nebulosa que cubre el tema, la reincidencia se empina en un 80%, las explicaciones para justificar este desastre son muchas y variadas, siendo dos las más recurrentes: la criminalización de los sujetos que cumplen condena y el siempre y bien ponderado hacinamiento.

No cabe duda que la criminalización de los sujetos es una idea que se vende con facilidad, es un concepto de cómoda digestión. En el subconsciente social esta permanentemente la figura del delincuente rebelde y reacio a participar de cualquier actividad, por lo tanto esta explicación resulta creíble en cualquier estrato.

En tanto, el hacinamiento es una óptima ecuación matemática que complace plenamente como excusa a más de muchos, sobre todo a quienes hacen lucro con esta pesadilla. Un caso sabroso es el ocurrido en el mes de mayo de 2008 en el CDP. Santiago Uno, el que tiene un tope máximo de población penal, admitido por contrato de 3.081 plazas. A inicios del mes de mayo del citado año la sobrepoblación fue de: 3.090 internos, este hecho significó que el Estado debió cancelar diariamente a la concesionaria la no despreciable cifra de $3.600.000 diarios, lo que finalmente sumó $342.000.000. Otra respuesta social complaciente es la construcción de más infraestructura (sin duda necesaria), pero, que por si sola no constituye una solución de fondo.

Un antecedente curioso y que al parecer no importa mucho, es la concentración de población reclusa en el área metropolitana, más de 20.000 internos (37,8% del total de población nacional), de los cuales un aproximado de un 90% tienen la calidad de condenados (Datos estadísticos al 31-07-2009). Para este importante porcentaje de reclusos condenados existe en toda el área metropolitana solo un penal con algunas condiciones y características adecuadas para desarrollar programas tendientes a la resocialización: Colina Uno, el resto son añosas cárceles sin los espacios y lo más grave: sin programas que cubran esta imperativa necesidad, los casos abundan: Colina Dos, inaugurada el año 1994, CDP. Puente Alto (1982), San Miguel (1982) y para que nombrar a la ex penitenciaría (1843) que suma una población de 7.000 reclusos.

Hoy la sociedad pierde una gran batalla, el Sistema Penitenciario actual agoniza (y no por falta de edificios nuevos), junto a sus operadores y los reclusos; unos manteniendo viva una gestión propia de los años 1930 (violencia, autoritarismo, etc.) y otros perfeccionado y modernizando la forma de cometer delitos. Mientras tanto nuestros eruditos se dedican a descubrir si esto es crisis o simplemente "problemas de diversa complejidad".